Entre Ríos participó de la 1ª Reunión del Consejo Consultivo de los Consumidores

Provinciales 03 de noviembre de 2019 Por
Paraná fue sede de la 1ª Reunión del Consejo Consultivo de los Consumidores y allí participó el gobierno provincial, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
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Dicho organismo, que está integrado por las asociaciones de consumidores que cuentan con matrícula nacional, realizó su primera reunión en Paraná.
En la oportunidad se reconoció a los convencionales constituyentes de la reforma constitucional de 1994.

La jornada, organizada por la Asociación de Consumidores Entrerrianos, comenzó con un reconocimiento a los convencionales constituyentes de la reforma constitucional del año 1994 que incorporara y diera rango constitucional a los derechos de los consumidores y a las asociaciones que hoy conforman parte de la defensa de los usuarios y consumidores en todo el país.

En dicho evento se debatió sobre los alcances del art 42 y las experiencias de los convencionales, donde además se les hizo entrega de un reconocimiento por la tarea realizada.

En esa oportunidad, el director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, y el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz, coincidieron en resaltar dicha labor.

Albornoz destacó que “esta incorporación de los derechos de los consumidores a la Constitución de la república, permitió que posteriormente estos derechos sean incorporados en la reforma constitucional de la provincia de Entre Ríos, siendo importante mencionar también el crecimiento que hay tenido nuestros consumidores y usuarios. La tarea encomendada por nuestro gobernador es la protección y defensa de los mismos, por lo que la tarea siempre ha sido ardua y constante, pero por sobre todo efectiva al momento de buscar la forma más adecuada que ante un reclamo, el consumidor sea el beneficiado”.

Por su parte, Gabriel Vargas, presidente de la Asociación de Consumidores Entrerrianos, manifestó la necesidad de “actualizar la ley provincial para que los consumidores de la provincia puedan acceder a los mismos derechos que en otras jurisdicciones, como la posibilidad de que los daños directos producidos a los consumidores puedan ser reconocidos en sede administrativa”.

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